En el papel, los derechos urbanos cuentan con mecanismos para que cualquier ciudadano denuncie posibles irregularidades en el desarrollo urbano. En la práctica, el mayor obstáculo suele ser el tiempo. Gabriel Ballesteros, abogado urbanista, denunció públicamente que la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (PEPMADU) incumplió el plazo establecido en su propio reglamento para informarle sobre el estado de la investigación derivada de una denuncia popular presentada el pasado 7 de julio.
El reclamo tiene un fundamento específico. El Artículo 35 del Reglamento de la PEPMADU establece que la Unidad de Asuntos Jurídicos debe informar al denunciante, en un máximo de 15 días hábiles, sobre el trámite dado a la denuncia, independientemente del avance de la investigación. Según Ballesteros, ese plazo ya venció sin recibir respuesta oficial, por lo que anunció que presentará una denuncia ante la autoridad contralora y continuará impulsando posibles responsabilidades administrativas y penales relacionadas con el caso que originalmente denunció.
Más allá del conflicto particular, el caso vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente en México: la diferencia entre tener leyes y hacerlas cumplir. De acuerdo con diversos índices del World Justice Project, uno de los principales retos del Estado de Derecho sigue siendo la eficacia de las instituciones para responder en tiempo y forma a las exigencias ciudadanas. Cuando una autoridad incumple los procedimientos que ella misma debe observar, el desgaste institucional comienza antes de que exista una resolución de fondo.
El tema ya no es únicamente la denuncia inicial ni la llamada “malograda subasta” a la que hace referencia el abogado. Lo que está en juego es la confianza en las instituciones encargadas de proteger los derechos urbanos. Ballesteros incluso emplazó públicamente al recién nombrado Fiscal Anticorrupción para demostrar, con hechos, que los mecanismos de vigilancia institucional funcionan. Porque la justicia urbana no sólo depende de castigar irregularidades; también depende de que las autoridades respeten los procedimientos que la propia ley les impone.
