El arranque de 2026 dejó una cifra que no pasa desapercibida: la Secretaría de las Mujeres en Querétaro reporta 11 mil 877 servicios de atención psicológica y jurídica, un aumento de más del 250 por ciento frente al mismo periodo de 2025. El dato se presenta como un avance institucional, pero también abre una lectura obligada: más mujeres están acudiendo a pedir ayuda en contextos de violencia.

Con una red de 21 Centros de Atención Integral en los 18 municipios y 105 profesionistas desplegados en territorio, el gobierno estatal presume mayor cercanía y capacidad de respuesta. A esto se suman más de 9 mil personas capacitadas en perspectiva de género y 88 demandas iniciadas, con más de la mitad ya resueltas a favor de las usuarias. Hay estructura, hay atención, hay resultados medibles.

Pero la cifra también incomoda. Porque crecer en atención no necesariamente significa que la violencia disminuya. Significa, en muchos casos, que se visibiliza más o que se denuncia más. La pregunta de fondo no es cuántas mujeres están siendo atendidas, sino cuántas siguen viviendo violencia y por qué. Ahí es donde la política pública deja de ser discurso y se convierte en una deuda pendiente.