Vocer@s de la Madre Tierra anuncia acciones para pedir la suspensión de nuevos proyectos. El siguiente paso es que las autoridades transparenten los estudios de agua, energía e impacto ambiental que permitan evaluar los riesgos.
El debate por la instalación de centros de datos en Querétaro vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿cómo garantizar que el crecimiento tecnológico no comprometa los recursos naturales del estado?
Integrantes de la organización ambientalista Vocer@s de la Madre Tierra anunciaron acciones para exigir la suspensión de nuevos centros de datos, ante los posibles impactos que estas instalaciones podrían tener en la disponibilidad de agua, el consumo de energía y el territorio. Hasta ahora, se trata de una demanda ciudadana, no de una resolución oficial que haya detenido los proyectos.
Pero, más allá de las posturas a favor o en contra, la discusión tendría que pasar de las declaraciones a la evidencia. El primer paso es que las autoridades competentes hagan públicos los estudios de disponibilidad hídrica, las proyecciones de consumo energético, las evaluaciones de impacto ambiental y las autorizaciones otorgadas a cada proyecto.
También es necesario conocer qué fuentes de agua utilizarían estas instalaciones, qué infraestructura eléctrica requieren, cuáles serían sus impactos acumulativos y qué medidas de mitigación se han establecido. No basta con analizar cada centro de datos de manera aislada si el conjunto de los proyectos puede incrementar la presión sobre los recursos de Querétaro.
¿Qué tendría que pasar entonces? Las autoridades estatales y federales, según sus respectivas competencias, deberían identificar los permisos vigentes, verificar el cumplimiento de las condiciones ambientales y de suministro, y explicar si existen elementos técnicos o jurídicos que justifiquen suspender, modificar o condicionar nuevos desarrollos.
Una eventual suspensión no puede darse por hecha únicamente por la exigencia de una organización; pero tampoco debería descartarse sin una revisión pública, técnica y transparente de los riesgos señalados.
El gobierno, los desarrolladores y la ciudadanía necesitan discutir con información verificable: cuánta agua demandarán los proyectos, de dónde provendrá, cuánta electricidad consumirán y qué garantías existen para proteger el abasto de la población y el equilibrio ambiental.
Porque la pregunta no es solamente cuántos centros de datos puede atraer Querétaro, sino bajo qué condiciones puede hacerlo sin trasladar los costos ambientales a sus habitantes.
La cuestión central es esta: ¿las autoridades están dispuestas a poner los estudios y los permisos sobre la mesa antes de que el crecimiento de esta industria vuelva irreversible cualquier impacto?
