Mientras actores políticos de Querétaro comienzan a perfilar sus aspiraciones rumbo a 2027, persisten problemas que requieren atención inmediata: inseguridad, movilidad, deficiencias en los servicios de agua y electricidad, y denuncias ciudadanas por presuntos abusos relacionados con deudas financieras.
En el comentario editorial, se cuestiona que funcionarios y legisladores puedan estar concentrando esfuerzos en sus próximos proyectos políticos mientras mantienen responsabilidades públicas vigentes. Como ejemplo, retoma las denuncias de mujeres que, acompañadas por el diputado Sinuhé Piedragil, señalaron presuntas irregularidades en el cobro de préstamos ya liquidados, con amenazas de embargo.
El análisis también aborda el modelo del Reino Unido, donde el Código Ministerial prohíbe utilizar recursos gubernamentales para fines partidistas y contempla mecanismos para investigar posibles incumplimientos.
La reflexión central: aspirar a otro cargo es legítimo, pero no debe significar descuidar el actual ni utilizar recursos públicos para impulsar proyectos políticos.
El siguiente puesto puede esperar. Los problemas de la ciudadanía, no.
