Una obra pública puede cambiar de rostro, ampliar sus alcances y convertirse en un espacio renovado. Lo que no puede cambiar es el derecho de la ciudadanía a saber qué pasó con su dinero.
En la primer entrega de Semáforo de Obras, Nuestra Voz Querétaro estuvo en la Unidad Deportiva Josefa Ortiz de Domínguez, donde ayer el alcalde Felifer Macías entregó la reconstrucción del campo de béisbol y las gradas, con una inversión reportada de 107.8 millones de pesos. El dato que obliga a revisar la historia es este: el proyecto original de sustitución de gradas estaba contemplado por cerca de 35 millones, pero después se amplió a una intervención integral.
El municipio sostiene que el espacio llevaba 41 años sin mantenimiento y que la obra ahora beneficia a más de mil 600 habitantes de Villas del Sol, además de ofrecer instalaciones para familias de toda la ciudad. Los trabajos incluyeron más de 2 mil 600 metros cuadrados de construcción, tres edificios de gradas con cubierta, espacios de servicios, salones de usos múltiples, áreas para entrenamiento, luminarias, reflectores, drenaje pluvial y más de 8 mil metros cuadrados de pasto sintético, azul por cierto.
No es, por tanto, solamente un cambio de gradas: se trata de un proyecto de mayor alcance. Y precisamente por eso hace falta conocer cómo se tomó esa decisión y cómo se modificó el presupuesto.
Que una obra se amplíe no significa, por sí mismo, que exista una irregularidad. Pero pasar de una intervención estimada en alrededor de 35 millones a una inversión anunciada de 107.8 millones sí exige una explicación pública, documentada y accesible: ¿cuál fue el proyecto original?, ¿qué conceptos se agregaron?, ¿quién autorizó los cambios?, ¿cuál fue el costo contratado y cuánto se pagó finalmente?
Para responder no bastan los discursos de inauguración ni la lista de beneficios; hacen falta el Programa de Obra Anual, los contratos, los convenios modificatorios, las estimaciones y las actas de entrega-recepción.
En otros países, la transparencia de la contratación pública y la evaluación de los resultados de las obras son herramientas esenciales para vigilar el gasto y fortalecer la confianza ciudadana. En México, el artículo 134 constitucional establece que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Ese principio no impide ampliar un proyecto cuando está justificado; obliga a que las decisiones y el uso del dinero puedan explicarse y revisarse. Semáforo de Obras no califica colores por simpatías políticas: busca documentos, contrasta cifras y pregunta qué se hizo con el presupuesto. Porque la obra pública no es propiedad del alcalde ni del gobierno. Es de la ciudadanía. Y si el dinero es nuestro, las cuentas también deben estar a la vista.
