Mientras en el norte se endurecen las fronteras, en Huimilpan se abren caminos. Unos 15 migrantes originarios de este municipio queretano han sido deportados recientemente tras el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos. Aunque el número es menor al que se temía en un principio, la noticia no deja de doler, y también de exigir respuestas.

Lo positivo —sí, lo hay— es que no llegaron con las manos vacías, ni fueron recibidos con los brazos cruzados. A través de la Oficina de Atención al Migrante, el municipio y el Gobierno del Estado han implementado acciones concretas para apoyar su reinserción: desde programas de empleo y capacitación, hasta esquemas de emprendimiento y entrega de equipo para retomar sus oficios. No son promesas al aire, son pequeños pasos con visión social.

Porque migrar no es un delito, y regresar no debería ser una condena. Muchos de estos connacionales fueron en busca de oportunidades, y ahora vuelven con experiencia, habilidades y una maleta cargada de sueños que no piensan soltar. La diferencia es que ahora, con un poco de voluntad institucional, pueden reconstruir su vida aquí.

Ojalá que esta acción se convierta en política pública permanente. Porque cuando el país expulsa, los municipios deben abrazar. Y cuando las leyes migratorias cierran puertas, la comunidad debe abrir ventanas. Al final, la dignidad y el arraigo también se construyen con oportunidades.