Por Rosalba D’Elia | NVQ
Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales las normas que penalizan la interrupción voluntaria del embarazo, lo hizo sobre fundamentos claros: dignidad, autonomía reproductiva, salud y no discriminación.  Sin embargo, en estados como Querétaro —donde una legisladora del Partido del Trabajo lo recuerda— aún se considera la despenalización como si fuera un debate político o moral, en lugar de una obligación jurídica pendiente.
La diputada Claudia Díaz Gayou advierte que el tema no debe diluirse en confrontaciones ideológicas o morales, sino asumirse como un mandato de la Corte que está obligando a los Congresos locales a actuar. Reconoce que Querétaro se ha mantenido renuente, pero plantea avanzar hacia una legislación progresista que proteja a niñas y mujeres, reduzca riesgos sanitarios y consolide el acceso a la salud sexual y reproductiva.
Pero hay un doble riesgo: esperar a que los consensos lleguen, postergar decisiones clave y relegar realidades urgentes como los daños a la salud derivados de la imposibilidad de acceso seguro. Si la despenalización ya es criterio obligatorio, el verdadero debate debería centrarse en cómo transformar la norma en servicios, protocolos y garantías para las mujeres queretanas.
El llamado a la acción es evidente: la sociedad debe exigir que los diputados locales conviertan esa obligación jurídica en leyes, que no solo queden en comisiones o promesas. Porque cada mes que pasa sin acción es una oportunidad perdida para proteger vidas, reducir desigualdades y afianzar un Querétaro con justicia, equidad y salud para todas.
