Mientras en más de la mitad del país la conversación sobre los derechos reproductivos de las mujeres avanza, Querétaro decidió dar un paso atrás. Con solo tres hombres en la mesa —los diputados Guillermo Vega, Enrique Correa y Homero Barrera—, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local aprobó el dictamen en sentido de rechazo a la iniciativa que buscaba despenalizar el aborto en el estado.
La sesión, celebrada este 30 de octubre de 2025, se desarrolló con la presencia de diputadas, senadoras, colectivas y ciudadanía que esperaban, al menos, un debate informado y respetuoso. Pero no lo hubo. El diputado Homero Barrera se abstuvo de votar alegando que ni siquiera se le permitió conocer el dictamen antes de la sesión. Aun así, dos votos bastaron para frenar una discusión de fondo sobre los derechos y la autonomía de las mujeres queretanas.
Querétaro vuelve a ser una de las entidades que criminaliza el aborto incluso en casos donde otras legislaciones ya reconocen el derecho a decidir. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que penalizarlo es inconstitucional, y sin embargo, el Congreso local elige desoír la jurisprudencia federal y mantener un marco legal que perpetúa la desigualdad, la clandestinidad y la violencia institucional.
La reflexión es inevitable: ¿cuántas mujeres más deberán arriesgar su salud o su libertad para que el Estado reconozca su derecho a decidir sobre su propio cuerpo? Tres hombres tomaron una decisión que no les corresponde. Pero la conversación no termina aquí. El llamado es a las y los queretanos a no dejar que el silencio se normalice.
La participación ciudadana, el debate público y la exigencia informada son hoy más necesarios que nunca. Porque los derechos no se mendigan: se ejercen y se defienden.
