Por Rosalba D’Elia | NVQ
Las organizaciones ciudadanas de Querétaro ya no esperan silenciosas: se plantaron en la puerta del Congreso estatal, convencidas de que los diputados han dejado de escuchar a quienes más sufren sus decisiones. Su reclamo es contundente: la Comisión de Movilidad, presidida por el diputado Enrique Correa Sada, no garantiza la vida de peatones y ciclistas, y en cambio se mueve al compás de intereses ideológicos que excluyen las urgencias ciudadanas.
En concreto, los colectivos exigen la remoción de Enrique Correa de la presidencia de esa Comisión, acusándolo de doble moral: por un lado, promover leyes que deberían proteger vidas en las vialidades; por otro, dar prioridad a discursos conservadores —como los que reclaman sobre el aborto— ignorando que proteger la vida se expresa también en salvaguardar a quienes se desplazan sin vehículo.
Los hechos respaldan el malestar. A pesar del liderazgo de Correa en la Comisión de Movilidad, Querétaro obtuvo una calificación de 4.74 puntos en evaluación de leyes de movilidad, donde se detectaron deficiencias graves en la protección de ciclistas, peatones y el diseño vial seguro.
Adicionalmente, colectivos señalan que la tan promovida Ley de Movilidad estatal no ha sido armonizada con la norma federal y que el Congreso local no actúa con la urgencia que la vida vial exige.
El fondo del reclamo es más profundo: los ciudadanos están viviendo los problemas todos los días —en banquetas rotas, en ciclovías inconclusas, en muertos que se suman— y reclaman que las “mesas de trabajo” se conviertan en participación vinculante, no rituales que solo legitiman decisiones ya tomadas.
Así lo afirmaron al señalar que la Ley de Participación Ciudadana permite mesas de trabajo, pero no garantiza que los ciudadanos tengan poder real sobre las leyes que les afectan. Hoy dicen: los derechos no se votan, se garantizan. Y mientras, desde el Congreso, la puerta sigue entreabierta.
