Luis Humberto Fernández Fuentes quiere que todos vayamos a marchar el próximo 6 de diciembre “en defensa de la soberanía nacional”, pero su llamado plantea una paradoja inquietante: lo que él y su partido descalificaron hace apenas una semana —la marcha del 15 de noviembre— hoy lo legitiman porque, dice, “da la cara” quien la convoca. Eso no es un detalle menor: es una señal clarísima de cómo algunos actores políticos quieren definir qué luchas son válidas cuando las organizan ellos y cuáles son sospechosas cuando las encabezan otros.

La movilización del 15N, promovida por jóvenes de la llamada Generación Z, fue descalificada por López Obrador en su momento, por la propia Claudia Sheinbaum y por voces cercanas al poder como las del PRI y el PAN, quienes acusaron que estaba impulsada por intereses oscuros, bots, o financiamiento opaco. Fernández, en cambio, respalda una marcha con discurso limpio, con rostro y con nombre, ahora que es el organizador. Esa diferencia tiene peso: legitimar ciertas protestas y deslegitimar otras es una táctica política, no un acto altruista.

Si se trata de soberanía, como dice Fernández, ¿no sería más coherente defenderla siempre, no solo cuando la movilización le conviene a su partido? La juventud que marchó el 15N exigía seguridad, justicia, rendición de cuentas. Más que sombreros o nombres de colectivos, pedía un Estado que responda. No es suficiente convocar “desde enfrente”: también habría que respetar la voz de quienes ya marcharon y fueron acusados de “instrumentados”.

Está en nosotros, ciudadanos, no permitir que se doble el discurso según el rostro que convoca. Si creemos en la protesta legítima, en el derecho ciudadano de manifestarse, debemos defenderlo con la misma firmeza cuando convoca la oposición que cuando convoca Morena. No se trata solo de marchas: se trata de decidir si nuestra democracia será genuina o de quien quiera definir qué voces son “legítimas”.