En Querétaro hay un problema que no se resuelve con discursos: al menos 40 mil créditos de Infonavit ya autorizados no pueden ejercerse porque no hay vivienda popular suficiente. Frente a ese cuello de botella, diputadas y diputados locales de la 4T, acompañados por el diputado federal Luis Humberto Fernández, presentaron una propuesta concreta para incentivar la construcción de vivienda accesible, sentándose a dialogar con cámaras de la industria de la construcción y con ayuntamientos del estado.

La propuesta se articula en cuatro ejes clave que buscan hacer viable lo que hoy no lo es para desarrolladores y, al mismo tiempo, beneficiar directamente a las familias trabajadoras: utilidades socialmente responsables, exención del impuesto de traslado de dominio, toma de agua gratuita y gastos notariales reducidos al 20 por ciento. La lógica es clara: bajar costos para que la vivienda popular vuelva a ser negocio… y derecho.

Luis Humberto Fernández fue directo: este no es un tema de colores ni de partidos, sino de soluciones frente a una realidad que ya alcanzó a miles de personas que sí tienen crédito, pero no casa. El llamado es a sacar la política electoral del debate y concentrarse en decisiones administrativas y fiscales que permitan construir más y más barato.

Si la propuesta camina, ganan varios: las familias que hoy esperan una vivienda que no existe, los municipios que ordenan su crecimiento, y una industria que puede reactivar proyectos hoy detenidos. El reto no es menor: pasar del diagnóstico a los acuerdos y de los acuerdos a la obra. Porque en Querétaro, la vivienda popular ya no es un pendiente… es una urgencia.