En Querétaro, la fiscalización del dinero público volvió a exhibir algo más que números: tensiones políticas, vacíos institucionales y resistencias que no son menores. La diputada Claudia Díaz Gayou entregó los proyectos de dictamen de la cuenta pública 2024, pero antes de cualquier votación lanzó una advertencia: vendrán críticas, señalamientos… y no precisamente por errores técnicos, sino por intereses tocados.

El dato duro es preocupante. La Entidad Superior de Fiscalización del Estado no entregó información solicitada por la comisión legislativa, lo que limita —de origen— la capacidad de revisar con profundidad el uso de recursos públicos. Sin auditorías de desempeño claras, no se puede responder la pregunta clave: si el dinero realmente se tradujo en resultados para la gente. Y ahí está el fondo del problema: se audita el gasto, pero no el impacto.

A esto se suma la fractura en el método. Mientras Díaz Gayou plantea dictámenes individuales por cada ente fiscalizado, el diputado Ulises Gómez de la Rosa advierte que el análisis debe ser integral, una visión completa de la cuenta pública. No es un debate menor: fragmentar la fiscalización puede diluir responsabilidades; concentrarla, en cambio, puede exhibir patrones estructurales.

La reflexión es incómoda pero necesaria: cuando la fiscalización se vuelve un campo de disputa política, el riesgo no es solo el desacuerdo… es la opacidad. Porque sin información completa, sin metodología clara y sin voluntad institucional, la rendición de cuentas deja de ser un ejercicio de control para convertirse en un trámite más. Y en ese escenario, quien pierde no es el gobierno ni la oposición: es la ciudadanía.