La aprobación de la identidad de género en Querétaro no solo marcó un avance legal, también exhibió una estrategia política conocida: desviar el debate para no enfrentar el fondo. En entrevista, Walter López, del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación, lo deja claro: no fue una discusión técnica ni jurídica, fue ideológica. Mientras una parte del Congreso apostó por reconocer derechos, otra insistió en sembrar miedo con argumentos que no corresponden a la realidad, especialmente desde el PAN, donde la narrativa giró hacia temas que simplemente no estaban en la iniciativa.

Los datos son incómodos para ese discurso. La población LGBTIQ+ en Querétaro ronda el 8.2%, y la población trans apenas el 0.5%. No se trata de una imposición, ni de una mayoría avasallando, sino de una minoría históricamente discriminada buscando reconocimiento legal. Aun así, el debate se llevó hacia niñas, niños y escenarios que no formaban parte de la ley. Se quiso instalar la idea de riesgo donde lo que hay es un derecho humano básico. Y ahí está el problema: cuando una fuerza política cree que solo su visión es válida, deja de representar para imponer.

Walter López lo resume sin rodeos: este avance no nació en el Congreso, nació en la calle. Fueron años de organización, de pedagogía social, de construir una conversación que hoy algunos intentaron sabotear. Y aun así, la ley pasó. No por generosidad política, sino por presión social. Porque los derechos no se conceden, se conquistan.

La reflexión es inevitable: Querétaro dio un paso adelante, pero parte de su clase política sigue atrapada en el pasado. Negar derechos no los desaparece, solo retrasa su reconocimiento. Y cuando el poder decide no escuchar, la ciudadanía termina imponiendo la conversación.