El tema más urgente —y más incómodo— finalmente llegó a la mesa. Este 2 de mayo arrancó el Parlamento Abierto para discutir la nueva Ley de Agua en Querétaro, con la participación de colectivos, académicos y organizaciones civiles que durante años han empujado lo que hoy el Congreso apenas comienza a procesar. No es menor: el acceso al agua ya no es una demanda, es una crisis documentada. Según datos de organismos nacionales, más del 40% del territorio mexicano enfrenta algún grado de estrés hídrico, y Querétaro no es la excepción, con zonas donde el suministro es intermitente o insuficiente.
La primera mesa puso sobre la mesa lo que muchos evitan decir con claridad: el agua debe dejar de ser una concesión política y convertirse en un derecho exigible. Se discutió desde la posible eliminación de esquemas de privatización del servicio, hasta la necesidad de fortalecer sistemas comunitarios y mecanismos reales de participación ciudadana. Porque aquí no solo se trata de tuberías, se trata de quién controla, quién decide y quién se queda sin agua. Y en ese fondo, la ley no puede seguir siendo decorativa.
Pero en medio del discurso participativo hubo un silencio que pesa: no asistieron ni la Comisión Estatal de Aguas ni la representación de CONAGUA en Querétaro. Justo quienes operan y regulan el recurso. En un Parlamento que presume apertura, las ausencias también son mensaje. ¿Se puede construir una ley sin quienes administran el sistema? ¿O estamos frente a un ejercicio que escucha… pero no necesariamente transforma?
La reflexión es inevitable: Querétaro está discutiendo tarde lo que debió prever hace años. El crecimiento urbano desordenado, la presión industrial y la falta de planeación hídrica hoy pasan factura. Abrir el debate es necesario, pero insuficiente si no se traduce en decisiones que incomoden intereses. Porque el agua no se negocia: se garantiza o se pierde.
