El quinto informe de Mauricio Kuri ya está en manos del Congreso de Querétaro. Y el discurso del presidente de la Mesa Directiva, Sinuhé Piedragil, puso el dedo en una parte fundamental: recibir el documento es apenas el trámite; analizarlo, cuestionarlo y fiscalizarlo es la responsabilidad de los diputados. La Constitución local establece que el gobernador debe rendir ante la Legislatura el informe sobre el estado que guarda la administración pública.
Piedragil habló de pesos y contrapesos, de una Legislatura plural y de una división de poderes que debe impedir la subordinación entre instituciones. Y aquí está el punto que le interesa al ciudadano: el Congreso no está para aplaudir el informe ni para descalificarlo por consigna partidista. Está para revisarlo. La propia documentación legislativa reconoce que la función de control del Legislativo implica fiscalizar, comprobar, revisar y evaluar el desempeño del Ejecutivo.
Porque un informe de gobierno no debería convertirse en un concurso de porras. Si el Ejecutivo presume resultados, los diputados tienen que pedir cifras, documentos y resultados comprobables. Si hay avances, reconocerlos. Si hay pendientes, señalarlos. Y si hay inconsistencias, preguntar hasta obtener respuestas. Eso es precisamente lo que significa que el poder público esté dividido: el artículo 116 constitucional establece que los poderes de los estados deben dividirse en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La verdadera prueba para esta LXI Legislatura comienza ahora. Porque la rendición de cuentas no se demuestra con un acto solemne, un discurso elegante o una fotografía institucional. Se demuestra cuando los representantes populares se atreven a incomodar al poder, incluso cuando ese poder pertenece a su propio partido o a un aliado político. La pregunta que queda sobre la mesa es sencilla: ¿veremos diputados revisando el informe o simplemente defendiendo sus colores?
