El primer Presupuesto Participativo del Municipio de Querétaro dejó una señal que vale la pena mirar más allá de la fotografía de la votación: sí hay ciudadanía dispuesta a organizarse, proponer y decidir sobre el dinero público. Se registraron alrededor de 206 proyectos y 70 llegaron a la etapa de votación, después de pasar por una revisión de viabilidad técnica, jurídica y presupuestal. La bolsa destinada al ejercicio fue de aproximadamente 110 millones de pesos.
El Club de Presupuesto Participativo reporta haber acompañado a 71 personas y trabajado directamente en 38 propuestas; finalmente, 47 proyectos resultaron ganadores. El dato importante no es solamente cuántos ganaron. El verdadero examen empieza ahora. Porque si una persona dedica tiempo a construir una propuesta, convencer a sus vecinos y participar, lo mínimo que debe recibir es información clara sobre qué pasó con su proyecto, por qué fue descartado o modificado y qué ocurrirá con el dinero.
Y ahí aparecen los pendientes. Se han señalado casos de proyectos sin retroalimentación, cambios de categoría que no habrían sido comunicados oportunamente a sus promoventes, acompañamiento institucional insuficiente y una difusión pública limitada. También existe una pregunta financiera que merece respuesta documentada: qué ocurrió con los recursos que no terminaron asignándose a proyectos ganadores. La cifra de alrededor de 37 millones de pesos es un señalamiento del propio Club y debe contrastarse con información oficial sobre presupuesto asignado, comprometido, contratado y ejercido. En paralelo, desde Cabildo también se ha solicitado transparentar los dictámenes de los proyectos que no avanzaron y conocer el destino final de los recursos.
Porque aquí está el punto que cambia la conversación: participación ciudadana no es solamente abrir una convocatoria, descargar una aplicación y votar. Es construir un proceso completo: información antes de participar, acompañamiento durante el proceso y rendición de cuentas después de la decisión. Si la ciudadanía votó, debe poder saber cuántos votos obtuvo cada proyecto, cuánto dinero se le asignó, cuándo comenzará, quién lo ejecutará y cuál será su avance físico y financiero. Esa trazabilidad incluso ha sido planteada públicamente como una necesidad para este ejercicio.
El primer ejercicio no tiene por qué ser perfecto. Pero precisamente porque es el primero, los errores deberían convertirse en reglas más claras para el segundo. La participación se puede convocar con una campaña; la confianza, en cambio, se construye demostrando qué pasó con cada peso y con cada propuesta. La pregunta ciudadana ya no es solamente “¿puedo votar?”. Es mucho más incómoda: “¿qué pasó con mi voto después de que lo deposité en la urna?
