Dos trabajadores murieron y 22 personas resultaron lesionadas tras la volcadura de un camión que transportaba personal de la obra del Tren México-Querétaro, ocurrida el sábado 17 de octubre en la comunidad de Agua Azul, en el municipio de El Marqués. La unidad cayó en una excavación de aproximadamente ocho a diez metros de profundidad, relacionada con los trabajos ferroviarios. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó la atención médica de personas lesionadas y posteriormente se reportó la segunda muerte. Las causas del accidente y las responsabilidades correspondientes deben esclarecerse mediante una investigación.
Y aquí hay algo que no debería perderse entre declaraciones, posicionamientos y disputas partidistas: hay dos familias que perdieron a alguien y trabajadores que resultaron heridos mientras participaban en una obra de infraestructura. Antes de convertir la tragedia en munición política, las autoridades deben explicar en qué condiciones se trasladaba al personal, qué medidas de seguridad existían en la zona de excavación y qué protocolos se aplicaron para prevenir un accidente de esta naturaleza. No basta con lamentar lo ocurrido; hacen falta respuestas verificables.
El accidente ya entró en la discusión política. El diputado de Movimiento Ciudadano Paul Ospital pidió investigar las causas, revisar las condiciones de seguridad y garantizar los derechos laborales de quienes participan en el proyecto. Por su parte, Santiago Nieto defendió la calidad de las obras federales en medio de críticas por retrasos y accidentes. Son posicionamientos que forman parte del debate público, pero ninguno sustituye los resultados de una investigación técnica ni determina por sí mismo quién tiene responsabilidad.
Exigir cuentas no es politizar una tragedia; utilizar a las víctimas para golpear al adversario, sin esperar siquiera a conocer los hechos, sí puede desviar la atención de lo verdaderamente urgente. La obra del tren puede ser importante para Querétaro y para el país, pero ninguna inversión justifica poner en riesgo la vida de quienes la construyen. La prioridad debe ser esclarecer qué pasó, determinar responsabilidades, revisar las condiciones de seguridad y garantizar que no vuelva a ocurrir.
Las familias merecen justicia, los lesionados merecen atención y los trabajadores merecen regresar a casa sanos y salvos. Lo demás es ruido.
