En política queretana parece que las declaraciones se han convertido en sentencias. Basta con que “alguien” señale, sugiera o relacione nombres para que una parte de la conversación pública dé por hecho que existe una irregularidad. Pero una cosa es señalar y otra muy distinta es probar.
El gobernador Mauricio Kuri puso el dedo en un tema que no debería ser polémico: no se puede hacer política a partir de calumnias, oportunismos ni señalamientos contra familiares. Dijo que todavía falta mucho para el proceso electoral de 2027 y pidió a los partidos concentrarse en las propuestas, no en las descalificaciones.
Y tiene razón en algo fundamental: el parentesco no es una prueba de responsabilidad.
El caso de María Nieto Castillo, hermana de Santiago Nieto, es un ejemplo de por qué resulta indispensable revisar los documentos antes de reproducir acusaciones.
El dirigente estatal del PAN, Martín Arango, la vinculó con las contrataciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) a empresas relacionadas con el escándalo nacional de proveedores electorales. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado públicamente un documento que demuestre que María Nieto Castillo intervino personalmente en la adjudicación de esos contratos, que votó a favor, que los autorizó o que incurrió en alguna irregularidad.
Y aquí hay que hacer otra precisión: se ha manejado una cifra de 35 millones de pesos como si todo ese dinero hubiera sido entregado a una misma empresa vinculada con el escándalo del INE.
No fue así.
Los 35 millones 19 mil pesos corresponden a tres contratos otorgados por el IEEQ a dos empresas: Cajas Graf y Litho Formas.
Cajas Graf recibió dos contratos por un total de 13 millones 441 mil 92 pesos. El otro contrato, por 21 millones 578 mil pesos, correspondió a Litho Formas, empresa que no aparece entre las cinco compañías identificadas por el Órgano Interno de Control del INE en su investigación sobre presunta simulación de competencia.
No es un detalle menor. Es la diferencia entre informar con precisión y construir una narrativa que puede llevar al lector a conclusiones equivocadas.
¿Significa esto que no hay nada que investigar en Querétaro? Por supuesto que no.
Cajas Graf sí aparece entre las empresas señaladas en la investigación nacional y sí recibió contratos del IEEQ durante el proceso electoral de 2021. Eso amerita revisar las licitaciones, conocer quiénes participaron, qué empresas compitieron y si existieron vínculos entre los proveedores.
Pero también hay que revisar quién estaba al frente del organismo.
Los contratos fueron otorgados cuando Gerardo Romero Altamirano era consejero presidente del IEEQ. Hoy ocupa la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, en el gobierno de Felifer Macías.
¿Por qué la discusión pública se concentró en la hermana de Santiago Nieto y no en reconstruir la ruta administrativa de las contrataciones?
Esto tampoco significa que Gerardo Romero sea responsable de una irregularidad. Su cargo lo coloca como una figura institucional relevante para explicar cómo funcionó el organismo durante esas adjudicaciones, pero la responsabilidad debe establecerse a partir de sus atribuciones, las autorizaciones y las firmas correspondientes.
Hay otro asunto que merece una explicación del IEEQ: la documentación pública de las sesiones del Comité de Adquisiciones registra reuniones el 19 y el 22 de febrero de 2021, pero no muestra una sesión del día 20, fecha que se ha relacionado con la adjudicación. Hay que aclarar si existe un error en la fecha, si se trata de otro acto administrativo o si falta documentación por publicar.
La transparencia no puede funcionar a conveniencia. Si los documentos existen, deben estar disponibles. Y si no están publicados, el instituto debe explicar por qué.
En Nuestra Voz Querétaro creemos que investigar no significa acusar. Significa preguntar, contrastar, revisar expedientes y exigir respuestas, incluso cuando los resultados no coinciden con la narrativa de algún partido.
Porque también estamos acostumbrados a dar por ciertas las declaraciones de los actores políticos sin detenernos a comprobar qué hay detrás de ellas. Y eso es un problema.
Si hay irregularidades en las contrataciones del IEEQ, que se investiguen. Si hubo funcionarios que intervinieron indebidamente, que se establezcan sus responsabilidades. Si hubo competencia simulada, que se demuestre y se sancione.
Pero si no hay pruebas contra una persona, tampoco se vale utilizar su apellido, sus relaciones familiares o su cercanía política para colocarla en el banquillo de los acusados.
La rendición de cuentas no puede convertirse en guerra sucia. Y la exigencia de pruebas debe ser la misma para todos, sin importar partido, apellido o aspiración política.
En Querétaro todavía falta mucho para 2027. Lo que no debería faltar es rigor para informar y responsabilidad para señalar.
