El gobernador Mauricio Kuri quiere blindar Querétaro rumbo a 2027 y ha planteado filtros para detectar posibles vínculos de candidatos con el crimen organizado, incluido el polémico polígrafo. El problema es que una cosa es anunciar un protocolo y otra muy distinta convertirlo en una obligación electoral. La presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz, fue clara: el Instituto no puede agregar requisitos que la legislación no contempla.

Eso significa que el famoso “anti-narcocandidatos” puede existir como mecanismo voluntario para partidos, aspirantes independientes u organizaciones, pero no como condición para que alguien pueda competir. Y el polígrafo, por ahora, tampoco forma parte de las reglas electorales. El IEEQ sí tiene facultades para revisar requisitos establecidos en la Constitución y las leyes, además de aplicar el llamado “8 de 8 contra la violencia”, que incluye sentencias firmes por determinados delitos, violencia familiar y sexual y deudas alimentarias.

Hay otro dato que importa: el calendario electoral también juega en contra de cualquier intento de modificar las reglas sobre la marcha. El árbitro no puede convertirse en legislador ni fabricar candados que no existen en la ley. Si se quiere elevar el estándar de integridad de quienes buscan gobernar, la discusión tendría que darse donde corresponde: en las reglas y con suficiente anticipación, no cuando la elección ya está prácticamente encima.

Y aquí aparece la pregunta que vale más que el discurso: ¿queremos filtros reales para impedir que el crimen organizado llegue al poder o solamente medidas espectaculares que suenan bien en conferencia de prensa? Porque un polígrafo puede generar titulares, pero no sustituye una investigación patrimonial, financiera, penal y de vínculos. Blindar una elección no significa hacer más pruebas; significa construir mecanismos que puedan sostenerse jurídicamente y que sean iguales para todos.