La pelea entre PAN y Morena ya brincó de las declaraciones políticas al acceso al Congreso de Querétaro. Guillermo Vega, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador panista, anunció que su bancada prepara una queja ante el INE y el IEEQ por el presunto uso partidista de instalaciones legislativas durante las visitas de Santiago Nieto. El argumento: el Congreso no puede convertirse en sala de prensa de aspirantes ni utilizarse con fines electorales.
La respuesta de Nieto fue inmediata: anunció que impugnará jurídica, política y mediáticamente cualquier medida que le impida ingresar al recinto y calificó la decisión como un “acuerdo mordaza”. Morena Querétaro cerró filas con él y acusó al PAN de olvidar que en septiembre de 2025 sus propios dirigentes utilizaron la sala de prensa del Congreso para fijar posiciones contra Morena. Es decir: la memoria política, convenientemente, también entró al debate.
Pero aquí está el punto que no conviene perder entre el pleito partidista: una cosa es regular el uso partidista de un edificio público y otra muy distinta es impedir que una persona pueda entrar o expresarse por el simple hecho de ser incómoda políticamente. La Constitución de Querétaro reconoce el derecho de petición y las prerrogativas ciudadanas, mientras que el marco constitucional protege la libertad de expresión y reunión pacífica. Eso no significa que cualquier persona tenga derecho irrestricto a utilizar una sala legislativa para hacer proselitismo; significa que las restricciones deben tener fundamento, ser generales y no convertirse en una regla hecha a la medida de una persona.
Y el momento político tampoco es menor. Santiago Nieto fue designado coordinador de la Defensa de la Transformación en Querétaro rumbo al proceso de 2027, y su presencia en el Congreso ocurre mientras Morena comienza a perfilar su ruta electoral. Además, la visita de Claudia Sheinbaum a Querétaro está prevista para el 18 de septiembre.
La pregunta incómoda es para ambos bandos: si hay reglas, que sean para todos; si hay límites, que estén escritos; y si hubo abuso del recinto, que se sancione con la misma vara, no dependiendo del color de quien hable. Porque si el Congreso es la casa del pueblo, tampoco puede convertirse en casa de campaña. Y si es un espacio público, tampoco puede funcionar como aduana política para dejar pasar solamente a quienes resulten cómodos.
