El debate sobre el futuro del agua en Querétaro ya comenzó. Diputados locales instalaron una ruta de trabajo para analizar las iniciativas que buscan reformar, adicionar o incluso sustituir la legislación que regula los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado.
La presidenta de las Comisiones Unidas, Andrea Tovar advirtió que Querétaro enfrenta retos cada vez mayores por el crecimiento poblacional, la presión sobre los acuíferos, la necesidad de ampliar la cobertura de los servicios y la obligación de proteger los ecosistemas. El objetivo, dijo, es construir una ley moderna que garantice certeza jurídica, transparencia y un manejo más eficiente del recurso.
El proceso incluirá mesas técnicas, consultas públicas y la participación de autoridades, especialistas, universidades, organismos operadores y organizaciones de la sociedad civil. Además, se anunció un convenio con el Centro Estatal de Participación Ciudadana para abrir espacios donde las voces de la ciudadanía puedan formar parte de la discusión legislativa.
El mensaje de fondo es claro: el agua ya no puede discutirse únicamente desde la política. Mientras Querétaro sigue creciendo, el desafío es garantizar que el acceso al recurso, la infraestructura, el saneamiento y la sustentabilidad avancen al mismo ritmo. La pregunta que comienza a plantearse es quién administrará el agua del futuro y bajo qué reglas.
Hubo una ausencia con “justificante” que lo pasó desapercibida: la del diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital.
