Querétaro fue pionero. Eso nadie lo niega. Fue el primer estado del país en contar con una ley local sobre desaparición de personas. Pero cuando la norma no tiene garras, ni brazos, ni voluntad para aplicarse, se vuelve letra muerta. Y detrás de esa letra hay familias, madres, hermanas, hijas que siguen buscando entre el polvo, el silencio institucional y la memoria rota.

El Colectivo Desaparecidos Querétaro lo dijo fuerte y claro: “Tenemos una ley, sí. Pero no tenemos cómo ejecutarla”. Yadira González, su vocera, denunció que no hay protocolos reales que incluyan a las víctimas indirectas en los mecanismos de atención. Peor aún, las reformas que han propuesto desde 2023 duermen el sueño burocrático. El paquete que se presentó por parte de la Fiscalía fue, según los colectivos, incompleto y sin el más mínimo consenso con la sociedad civil. Y mientras las reformas se entrampan, las desapariciones siguen siendo una herida abierta.

Este lunes, tras años de portazos en la cara, el nuevo Fiscal General del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, accedió a reunirse con las familias. Sí, a las 6 de la tarde. El colectivo lo celebra, pero también lo señala: fueron los últimos en ser convocados. Eso, en el fondo, habla del desinterés con el que históricamente se ha tratado este tema. Y lo más alarmante: tienen datos anónimos sobre casas y predios posiblemente vinculados con personas desaparecidas, pero no pueden ingresar sin una orden judicial. ¿Entonces?

Es momento de dejar atrás los discursos condescendientes y pasar a la acción con la fuerza del Estado. Porque mientras la ley siga sin aplicarse, las búsquedas seguirán siendo solitarias, las lágrimas seguirán secas y las esperanzas colgando de una puerta que apenas hoy empieza a abrirse.