Querétaro ganó. No los partidos. No los discursos. Ganó el derecho al agua… con ley en mano.

Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió uno de los debates más polémicos de los últimos años en la entidad: declaró constitucional la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro.
Una ley acusada de todo, menos de tener buenas intenciones.

Desde su publicación en abril de 2024, esta legislación fue el blanco de una campaña de desinformación que, más que buscar el bienestar ciudadano, parecía tener la mira puesta en el próximo proceso electoral. Que si el agua se privatizaba, que si se rompía el derecho humano… Lo cierto es que la Corte fue clara: la ley no vulnera derechos, ni representa amenaza alguna.

Y aunque algunos actores políticos deberían —al menos— ofrecer una disculpa pública por haber sembrado miedo, lo que nos toca ahora como sociedad es exigir que esta ley funcione para lo que fue creada: garantizar agua para todos, con visión de futuro, sostenibilidad y eficiencia.

Porque legislar no es un acto de popularidad, sino de responsabilidad. Y en Querétaro, el agua no se negocia. Se planea, se protege… y se comparte.