El Gobierno de Querétaro confirmó que sí habrá diálogo ciudadano sobre movilidad con el gobernador Mauricio Kuri, pero no todavía. Será hasta el 7 de mayo cuando se defina la fecha y hora del encuentro, solicitado por colectivos y organizaciones civiles. En política pública, los tiempos también comunican: cuando la urgencia es ciudadana, la calendarización institucional se vuelve parte del mensaje.

El mecanismo elegido no es menor. Se trata de un ejercicio bajo la figura de “Diálogo Ciudadano”, contemplado en la Ley de Participación Estatal, distinto a una audiencia pública. Traducido: es un formato más acotado, con intervención directa de solo cuatro ciudadanos, mientras otros cuatro participarán como observadores. La representación es limitada frente a un problema que impacta a miles de usuarios del transporte público y la movilidad diaria en el estado.

El contexto es claro y medible. En ciudades con crecimiento acelerado como Querétaro, los traslados se han convertido en uno de los principales detonantes de inconformidad social: más tiempo, más costo, menos eficiencia. Datos nacionales apuntan a incrementos sostenidos en tiempos de traslado y saturación del transporte, lo que convierte a la movilidad en un tema estructural, no coyuntural.

Aquí no se discute si habrá diálogo, sino qué tan profundo será. Porque anunciarlo sin fecha concreta mantiene la conversación en pausa. Y porque limitar la voz ciudadana en la mesa deja abierta la duda de siempre: ¿se está construyendo participación… o administrando presión?