El 21 de junio se conmemora el Día Internacional de la Educación No Sexista, una fecha que nació en América Latina para cuestionar los prejuicios, estereotipos y formas de discriminación que siguen presentes en las aulas, los hogares y los espacios de trabajo. En Querétaro, la Secretaría de Salud aprovechó la ocasión para impartir un taller dirigido a médicos internos del Hospital General, enfocado en la identificación y cierre de ciclos de violencia con perspectiva de género.
La iniciativa tiene un objetivo relevante: prevenir el hostigamiento, el acoso y las violencias que muchas veces se normalizan en entornos educativos y laborales. La formación de futuros profesionales de la salud no puede limitarse al conocimiento técnico; también implica desarrollar capacidades para reconocer desigualdades, respetar derechos humanos y construir relaciones libres de violencia.
Sin embargo, la discusión de fondo va más allá de un taller. Mientras instituciones públicas impulsan discursos sobre inclusión, respeto y no discriminación, Querétaro mantiene abierto un debate que ha generado polémica nacional: el veto a las reformas relacionadas con el reconocimiento de la identidad de género. Es decir, por un lado se habla de combatir prejuicios; por otro, persisten resistencias institucionales en torno al reconocimiento pleno de ciertos derechos.
Ahí está la contradicción que merece analizarse. Una educación no sexista no consiste únicamente en impartir capacitaciones o realizar campañas conmemorativas. Implica revisar estructuras, políticas públicas y decisiones legislativas para garantizar que el respeto a la diversidad no se quede en un discurso. La verdadera prueba de una sociedad incluyente no está en lo que dice durante una conmemoración, sino en las decisiones que toma cuando los derechos de grupos históricamente discriminados llegan a la mesa.
