Lo que parecía una decisión consumada terminó frenándose por la presión ciudadana. La administración municipal de Querétaro suspendió la subasta de 12 predios públicos, luego de que organizaciones sociales, urbanistas y ciudadanos solicitaran un Cabildo Abierto para discutir una operación que involucraba 74 mil 821.98 metros cuadrados de patrimonio municipal. La pregunta ya no es únicamente si esos terrenos se venderán o no; la discusión de fondo es por qué el municipio llegó al punto de considerar la venta de bienes públicos para enfrentar presiones financieras.
El giro político no pasó desapercibido. Mientras el alcalde Felifer Macías aseguró que el único objetivo era obtener recursos para obra pública e infraestructura, el acuerdo aprobado por Cabildo y publicado en la Gaceta Municipal establece expresamente que los ingresos también servirían para atender presiones financieras en gasto corriente, incluyendo combustibles y mantenimiento vehicular. No es un matiz menor. Cuando el documento oficial dice una cosa y el discurso político otra, la transparencia deja de ser un asunto de comunicación y se convierte en un problema de confianza pública.
La presión social logró un primer resultado: detener la subasta. Sin embargo, los colectivos advierten que el problema no son únicamente esos 12 predios, sino el mecanismo jurídico que permite desincorporar bienes originalmente destinados a equipamiento urbano y áreas verdes para posteriormente venderlos. Incluso sostienen que existe una contradicción dentro del propio Reglamento de Bienes Patrimonio del municipio: mientras un artículo declara estos bienes inalienables, otro abre la puerta para venderlos mediante la aprobación de las dos terceras partes del Ayuntamiento. Esa interpretación, afirman, podría ser constitucionalmente cuestionable y por ello mantienen su exigencia de un Cabildo Abierto antes del 16 de julio, fecha límite para que el municipio responda a la solicitud ciudadana.
La lección política es evidente. El gobierno municipal no suspendió la subasta por iniciativa propia; lo hizo cuando la discusión salió del Cabildo y llegó a la opinión pública. Eso demuestra que la participación ciudadana sigue siendo uno de los pocos contrapesos efectivos frente a las decisiones del poder. Pero también deja una reflexión incómoda: si la presión pública no hubiera existido, probablemente la venta habría seguido su curso sin mayor debate. La discusión ya no es sobre 12 terrenos; es sobre quién decide el destino del patrimonio de la ciudad y bajo qué reglas.
