Los apagones dejaron de ser una molestia ocasional para convertirse en un síntoma de un problema mucho más profundo. En Querétaro, los cortes de energía ya afectan viviendas, comercios, industrias, sistemas de bombeo de agua y la vida cotidiana de miles de personas. Lo preocupante no es únicamente que ocurran, sino que, mientras aumentan las fallas, la discusión pública parece concentrarse más en repartir culpas que en resolver el problema.
Desde el punto de vista legal, la responsabilidad es clara. La generación, transmisión, distribución y suministro de energía eléctrica corresponden al Gobierno Federal a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Es la empresa del Estado la que debe mantener la infraestructura, ampliar la capacidad instalada, sustituir equipos obsoletos y garantizar la continuidad del servicio.
En ese sentido, el Gobierno de Querétaro tiene razón cuando señala que no puede intervenir directamente en la red eléctrica ni ejecutar obras que son competencia exclusiva de la CFE. Sin embargo, tener razón jurídicamente no significa quedar exento de responsabilidad política.
Para la ciudadanía existe una realidad muy distinta a la que establecen las leyes. Cuando se va la luz, nadie pregunta si el transformador depende de la federación o del estado. La gente simplemente observa que el gobierno, en cualquiera de sus niveles, no está resolviendo un servicio básico indispensable para la vida moderna.
Hasta ahora, la estrategia estatal ha consistido en documentar las fallas, instalar mesas de trabajo, exhortar a la CFE y denunciar públicamente la falta de inversión federal. Es una gestión necesaria, pero claramente insuficiente si no viene acompañada de resultados visibles.
Del otro lado, la CFE ha respondido minimizando el problema. Ha rechazado las cifras difundidas por el gobierno estatal, asegura que los tiempos de restablecimiento son razonables y sostiene que las interrupciones incluso han disminuido respecto al año pasado gracias a trabajos de mantenimiento.
El contraste entre ambas versiones deja una pregunta inevitable: si todo está mejorando, ¿por qué cada vez son más frecuentes los testimonios de ciudadanos, comerciantes y empresarios que reportan pérdidas económicas, daños en equipos eléctricos y afectaciones a sus actividades?
El problema parece tener un origen estructural. Querétaro ha experimentado uno de los mayores crecimientos económicos y poblacionales del país. Han llegado parques industriales, centros logísticos, desarrollos habitacionales, infraestructura tecnológica y nuevos centros de datos que demandan enormes cantidades de energía. Sin embargo, la expansión de la red eléctrica no ha avanzado al mismo ritmo.
Durante años se celebró el crecimiento económico del estado, pero poco se discutió si la infraestructura eléctrica estaba preparada para sostenerlo. Hoy esa omisión comienza a pasar factura.
La solución tampoco parece sencilla. No basta con reparar transformadores después de cada apagón. Se requieren nuevas subestaciones, modernizar líneas de distribución, incrementar la capacidad instalada, sustituir infraestructura envejecida y ejecutar inversiones multimillonarias que necesariamente deberán provenir de la federación.
Mientras eso ocurre, los ciudadanos permanecen prácticamente atados de manos. Pueden presentar quejas, exigir indemnizaciones cuando existan daños comprobables o ejercer presión pública mediante organizaciones civiles y empresariales. Pero ninguna de esas acciones sustituye la obligación del Estado de garantizar un servicio esencial.
Quizá el mayor riesgo sea normalizar los apagones como parte de la vida cotidiana. Una economía que aspira a atraer más inversión, más industria y mayor desarrollo no puede acostumbrarse a interrupciones constantes en el suministro eléctrico. La confiabilidad energética dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un factor de competitividad, de seguridad y de calidad de vida.
La discusión ya no debería centrarse en quién tiene la culpa. Esa respuesta está definida en la ley. La verdadera pregunta es quién está dispuesto a asumir el liderazgo para resolver el problema.
Porque mientras los gobiernos intercambian responsabilidades y la CFE defiende sus cifras, quienes pagan el costo siguen siendo los mismos: los ciudadanos que pierden alimentos refrigerados, los negocios que detienen su producción, los hospitales que dependen de plantas de emergencia, las familias que se quedan sin agua por la suspensión del bombeo y un estado cuya imagen de modernidad comienza a parpadear al ritmo de sus apagones.
En política, repartir responsabilidades puede aliviar la presión mediática. Gobernar, en cambio, implica ofrecer soluciones. Y esas, hasta ahora, siguen sin llegar.
