Nuestra Voz Querétaro advierte sobre la promoción anticipada de aspirantes y el uso de la exposición gubernamental para construir marcas políticas
Aunque las campañas electorales aún no comienzan formalmente, la promoción de quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular ya es visible en espectaculares, revistas, entrevistas, eventos públicos y, especialmente, en redes sociales.
En una nueva reflexión editorial de Nuestra Voz Querétaro, se cuestiona que funcionarios de distintos niveles de gobierno aprovechen la exposición que les proporciona el cargo para mantener una presencia permanente en medios y plataformas digitales, mientras sostienen que todavía no están en campaña.
El planteamiento parte de una distinción fundamental: los partidos políticos tienen derecho a promover sus ideas, liderazgos y proyectos dentro de las reglas establecidas y con el financiamiento que legalmente reciben.
El problema, señala el editorial, aparece cuando un servidor público utiliza las ventajas que le proporciona el ejercicio del gobierno para construir o fortalecer su imagen personal con miras a una eventual candidatura.
El artículo 134 de la Constitución establece que la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Además, establece restricciones a la promoción personalizada de servidores públicos.
Ante ello, la editorial plantea una pregunta: ¿quién paga la enorme producción de contenido que diariamente acompaña a algunos funcionarios?
Cámaras, drones, fotógrafos, diseñadores, editores, community managers, estrategias digitales y publicidad segmentada forman parte de una industria de comunicación que puede representar importantes costos económicos.
El cuestionamiento no está dirigido a que los funcionarios tengan redes sociales o comuniquen sus actividades, sino a la frontera entre informar sobre el trabajo de gobierno y utilizar esa comunicación para construir una marca personal.
La reflexión también advierte que el fenómeno no pertenece exclusivamente a un partido político.
“La simulación no tiene partido”, plantea el editorial, al señalar que el problema debe analizarse independientemente del color partidista de quien gobierna.
El punto central, sostiene, es que los recursos públicos deben estar destinados a resolver necesidades de la población y no a fabricar popularidad.
En ese sentido, el editorial cuestiona que una administración pública pueda terminar funcionando como una especie de agencia de publicidad permanente para quien ocupa temporalmente un cargo.
La ciudadanía, señala, no paga a los funcionarios para que sean “candidatos permanentes”, sino para que gobiernen y entreguen resultados.
El planteamiento adquiere mayor relevancia conforme se aproxima el proceso electoral y los partidos comienzan a perfilar a quienes podrían contender por distintos cargos.
La reflexión propone que quienes aspiren a una candidatura compitan de frente y que sean sus partidos quienes financien su promoción dentro de los límites que establece la legislación electoral.
El mensaje final es contundente:
“Gobernar no es producir contenido. Gobernar es producir resultados.”
Y advertimos que utilizar las ventajas del poder público para construir una candidatura no solo plantea un problema jurídico, sino también una discusión ética sobre el uso de los recursos de todos.
Porque, el poder no es patrimonio de quien temporalmente lo ocupa: el poder pertenece a los ciudadanos.
