La inclusión no se resuelve con campañas ni con buenos discursos. Se necesita presupuesto, instituciones y reglas claras. Ese es el punto de partida de la iniciativa presentada por las diputadas Ginna Guzmán y Perla Flores para crear una Ley de los Derechos de las Personas que viven con el Espectro Autista y/o Neurodivergencias en Querétaro.
La propuesta busca reconocer derechos que muchas familias siguen teniendo que pelear en la práctica: diagnóstico y atención especializada, salud, educación inclusiva, movilidad, acceso a la cultura, deporte y recreación, así como capacitación para la vida productiva. También plantea medidas para prevenir y sancionar la discriminación. Porque el problema no está únicamente en la condición de una persona, sino en las barreras que encuentra para estudiar, trabajar, trasladarse o acceder a servicios.
La iniciativa propone además crear una Comisión Intersecretarial, un padrón estatal y, de manera progresiva: Centros Estatales de Atención y Diagnóstico con equipos multidisciplinarios. Sobre el papel, esto podría ayudar a dejar atrás la atención fragmentada entre dependencias y permitir que las políticas públicas se diseñen con información más precisa sobre las personas y familias que requieren apoyo.
Pero aquí está el verdadero reto: que la ley no termine siendo otro documento que promete derechos que no llegan a la vida cotidiana. Para una familia, inclusión significa poder conseguir un diagnóstico, encontrar una escuela que realmente adapte sus procesos, acceder a atención especializada y que una persona neurodivergente pueda construir una vida autónoma sin tener que derribar una barrera diferente todos los días. La iniciativa abre la puerta; ahora falta saber si habrá voluntad y recursos para cruzarla.
