En Querétaro, la ciudadanía tiene una herramienta para sentarse frente al gobierno municipal y discutir directamente los asuntos que afectan a la ciudad: el Cabildo Abierto. Está reconocido tanto en la Ley de Participación Ciudadana del Estado como en el reglamento municipal. El problema es que, en año y medio, ciudadanos y organizaciones lo han intentado utilizar tres veces y, según denuncian, las tres solicitudes terminaron enfrentando negativas, silencio administrativo o requisitos que la propia normativa no establece.
Por eso ahora no presentaron una sola queja, sino tres expedientes distintos ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, uno por cada solicitud. La primera, presentada en febrero de 2025, buscaba discutir la consulta “Tú Decides la Obra”. La autoridad argumentó que no podía proceder porque no existía un reglamento municipal específico, aunque la ley estatal que regula el Cabildo Abierto ya estaba vigente desde seis días antes. La segunda, presentada en julio de 2026, buscaba discutir la enajenación de 12 predios municipales que suman 74 mil 821.98 metros cuadrados; la autoridad no respondió dentro del plazo señalado y, posteriormente, el propio Cabildo revocó el acuerdo de venta.
La tercera solicitud tampoco tuvo mejor suerte. Ciudadanos querían discutir el soterramiento del cableado aéreo y la protección del arbolado urbano. Según los promoventes, después de esperar tres horas en la Secretaría del Ayuntamiento ni siquiera recibieron copia del oficio de respuesta y posteriormente se les solicitaron firmas e identificaciones que, sostienen, sólo son necesarias cuando la petición es colectiva. Para los denunciantes, el problema ya no es un trámite mal atendido: es un patrón que termina haciendo prácticamente imposible utilizar el mecanismo de participación.
Y aquí está lo importante para cualquier ciudadano: si un derecho existe en la ley, pero conseguir que la autoridad lo reconozca implica sortear silencios, negativas o requisitos adicionales, el derecho existe sólo en el papel. El Cabildo es donde se deciden asuntos que afectan patrimonio, obras, servicios y territorio. Las tres quejas buscan que la Defensoría revise lo ocurrido y que la participación ciudadana no dependa de que una dependencia municipal quiera o no abrir la puerta. La pregunta incómoda queda sobre la mesa: ¿qué tan abierto puede ser un gobierno que dificulta precisamente el mecanismo creado para escucharnos?
