Acceder a información sobre el uso de los recursos públicos debería ser un derecho sencillo de ejercer. Sin embargo, entre respuestas incompletas, documentos difíciles de localizar y plataformas poco accesibles, la transparencia puede convertirse en un trámite que exige conocimientos especializados.
En Nuestra Voz Querétaro hemos solicitado a distintos municipios información sobre sus planes de obra pública de 2025 y 2026: qué obras programaron, cuáles concluyeron, cuáles siguen en proceso y cuáles permanecen pendientes. El objetivo es contrastar lo anunciado con lo realmente ejecutado y conocer cómo se utiliza el dinero público.
Pero el ejercicio ha evidenciado dificultades: dependencias que señalan no ser competentes para entregar la información, respuestas que requieren nuevas solicitudes para aclarar lo recibido y documentos que no siempre permiten identificar con facilidad el estado de las obras. Incluso cuando la información está publicada, encontrarla puede implicar navegar entre distintas plataformas, buscadores y archivos.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que cualquier persona puede solicitar, investigar, buscar y recibir información pública, sin tener que justificar para qué la necesita. También señala que la información debe ser accesible, completa, verificable, oportuna y comprensible. Las Unidades de Transparencia tienen precisamente la responsabilidad de orientar y facilitar el ejercicio de este derecho.
El problema, por tanto, no es solamente que una autoridad responda o publique documentos. La pregunta es si una persona común puede encontrar, entender y comprobar la información sin necesitar conocimientos jurídicos, técnicos o especializados. La transparencia no se mide únicamente por el número de archivos disponibles en un portal, sino por la posibilidad real de que la ciudadanía pueda utilizarlos para vigilar, preguntar y exigir cuentas.
