Mientras dentro del Congreso de Querétaro se votaban acuerdos y se repartía el control político, afuera se acumulaba otra realidad: colectivos de movilidad, feministas, ambientalistas y de la comunidad LGBTIQ+ exigían lo básico en una democracia funcional… que sus iniciativas avancen. No llegaron por espectáculo. Llegaron por cansancio. Más de tres años de mesas, foros y promesas sin dictámenes concretos en temas como movilidad, agua y derechos reproductivos pesan más que cualquier discurso institucional.

El conflicto escaló cuando se les negó el acceso al recinto legislativo bajo argumentos de aforo. La escena es simbólica: la llamada “casa del pueblo” cerrando la puerta a quienes buscan incidir en las decisiones públicas. Hubo jaloneos, empujones y denuncias de agresiones, particularmente desde la comunidad trans. La exigencia era clara: diálogo directo con legisladores. La respuesta inmediata: agresiones y silencio.

Los reclamos no son menores. En movilidad, acusan dilación sistemática en la comisión correspondiente; en derechos reproductivos, el congelamiento de la despenalización del aborto; y en materia de agua, el riesgo de que otra iniciativa ciudadana termine archivada. En paralelo, cuestionan el papel de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la falta de claridad sobre a quién responde realmente el ritmo legislativo.

La escena deja una imagen difícil de ignorar: un Congreso que avanza en su propia agenda interna mientras la agenda ciudadana se estanca. Porque cuando las iniciativas se acumulan sin dictaminar, lo que se congela no es el proceso… es la confianza. Y ahí está el punto de quiebre: la distancia entre representantes y representados ya no se mide en discursos, se mide en puertas cerradas.

Finalmente, el presidente de la nueva mesa directiva electa; diputado Sinuhé Piedragil recibió a una comisión y establecieron acuerdos para avanzar en sus propuestas.