La subasta se suspendió. La participación ciudadana, no.
La fecha límite venció el 16 de julio y el Ayuntamiento de Querétaro dejó pasar el plazo para responder la solicitud de Cabildo Abierto presentada por ciudadanos. Paradójicamente, la decisión de suspender la subasta de los 12 predios fue tomada después de la presión social, pero la petición formal para abrir el diálogo institucional quedó sin respuesta.
El contraste resulta difícil de ignorar. Por un lado, el gobierno municipal modificó su postura ante la reacción pública. Por otro, el mecanismo previsto por la Ley de Participación Ciudadana para escuchar a la ciudadanía fue dejado en el limbo. Si el Cabildo Abierto existe precisamente para fortalecer el diálogo entre gobierno y sociedad, el silencio institucional envía un mensaje preocupante: la presión política parece tener más peso que los procedimientos democráticos.
La situación adquiere mayor relevancia porque la sesión de Cabildo en la que se confirmó la suspensión de la subasta se realizó de manera virtual. Mientras cientos de ciudadanos solicitaban un espacio presencial para exponer argumentos sobre el patrimonio público, la decisión volvió a tomarse sin ese intercambio directo. La pregunta ya no es si los predios se venderán o no. La pregunta es si la participación ciudadana es un derecho que realmente se ejerce o un mecanismo que solo existe en el papel.
Si el Ayuntamiento dejó transcurrir el plazo legal sin emitir una respuesta formal, también deberá explicar si incurrió en una omisión administrativa y cuáles serán las consecuencias jurídicas de ese silencio. Porque en un Estado de derecho, las formas también importan. La confianza ciudadana no se construye únicamente corrigiendo una decisión; se fortalece respetando los procedimientos que la propia ley establece.
