El Congreso de Querétaro presentó su balance del segundo año de la LXI Legislatura, con un largo catálogo de reformas, acuerdos, exhortos y armonizaciones legales. El periodo reportado va de septiembre de 2025 al 15 de agosto de 2026 e incluye temas que van desde justicia y seguridad hasta derechos de las mujeres, salud, educación digital, medio ambiente, presupuesto y desarrollo económico.
Hay datos que llaman la atención: se reportaron 26 sesiones de Pleno, 69 sesiones de comisiones y 92 ruedas de prensa de grupos y fracciones parlamentarias. También se aprobaron reformas para crear una unidad especializada contra la extorsión, fortalecer la perspectiva de género en la justicia cívica, atender la violencia digital, impulsar la educación digital, reconocer derechos relacionados con identidad de género y establecer nuevas reglas para la participación política de grupos prioritarios.
Pero hay un asunto que merece lupa. El informe reconoce que Querétaro avanzó en 2024 hacia la elección popular de jueces y magistrados en 2027, pero también señala que la reforma constitucional federal del 2 de junio de 2026 modificó el calendario y llevó esa elección a 2028. Es decir, una parte importante de la ingeniería institucional que se está construyendo tendrá que volver a ajustarse. Y eso revela algo: legislar no es solamente aprobar reformas; también implica que las reglas sean claras, estables y entendibles para la ciudadanía.
El propio informe habla de Parlamento Abierto, transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Bien. Pero el verdadero examen empieza precisamente ahí: ¿cuántas de estas reformas conocen los ciudadanos?, ¿cuántas ya producen resultados medibles y cuántas siguen siendo buenas intenciones en el papel? Porque una Legislatura puede presumir cientos de páginas reformadas y, al mismo tiempo, seguir teniendo pendiente la pregunta más sencilla: qué cambió realmente para quien toma el transporte, busca una medicina, denuncia una extorsión, enfrenta violencia, necesita justicia o vive en una comunidad donde el desarrollo todavía no llega. La productividad legislativa se cuenta en iniciativas; la eficacia, en resultados.
