Mientras en las altas esferas se habla de transformar el Poder Judicial, en los municipios de Querétaro —donde también se vive la justicia de a pie— aún no llega el predictamen que marcaría el rumbo de una de las reformas más polémicas de los últimos tiempos. Ni Pedro Escobedo ni Tequisquiapan han recibido la notificación oficial para opinar como parte del Constituyente Permanente. Y si hablamos de democracia, de fondo, la pregunta es: ¿cómo se fortalece una institución si no se escucha a todos los que la integran?

El presidente municipal de Tequisquiapan, Héctor Magaña, lo dijo claro: la reforma busca recuperar la confianza ciudadana. Y es cierto. La justicia en México sigue arrastrando una percepción de poca credibilidad y muchas veces, de lejanía con el ciudadano común. Hoy más que nunca, los ayuntamientos tienen la responsabilidad de alzar la voz no solo para opinar sobre el documento, sino para exigir que los cambios realmente sumen.

Magaña subraya algo esencial: hay que garantizar que quienes integren el sistema judicial tengan experiencia, capacidad y calidad moral. No es pedir mucho: es lo mínimo para una justicia que pretende transformarse. El respaldo de los gobiernos de la 4T a este proceso deja claro que hay una intención política fuerte… pero no debe quedarse solo en el discurso.

Mientras tanto, en el Congreso, la discusión sigue prendida. Hay quienes acusan estrategias de dilación y otros que insisten en puntos como la tómbola, esa figura polémica que promete abrir las puertas del poder judicial al sorteo, pero que también despierta muchas dudas. Lo que es urgente, más allá del método, es que la ciudadanía sienta que por fin la justicia deja de ser privilegio de unos cuantos y se convierte en un derecho accesible y real.