
Hay programas, contratos y expedientes, pero seguirle la pista a cada obra y a cada peso se convirtió en un laberinto. En Nuestra Voz Querétaro solicitamos información para contrastar lo aprobado, lo modificado y lo ejecutado.
Más de 3 mil millones de pesos destinados a obra pública durante los primeros dos años de la administración municipal de Querétaro. Una cifra que obliga a preguntar: ¿podemos saber con claridad en qué se gastó ese dinero?
En Nuestra Voz Querétaro solicitamos información para comparar los programas de obra de 2025 y 2026 con su ejecución: qué proyectos se aprobaron, cuáles cambiaron, cuáles se realizaron y cuánto se pagó por ellos.
La respuesta del municipio fue que la información no estaba disponible en la modalidad solicitada y que debía consultarse presencialmente. La revisión se programó durante tres días, tres horas por jornada, en expedientes físicos. Durante la consulta tampoco se permitió tomar fotografías de los documentos; se indicó que podían solicitarse copias posteriormente, identificando el número de foja.
La revisión permitió conocer que los expedientes contienen contratos, bitácoras y registros de modificaciones, entre otros documentos. Sin embargo, la información consultada no ofrece por sí sola una relación integral que permita reconstruir fácilmente el recorrido de cada obra: desde su aprobación hasta su cierre financiero.
El alcalde Felifer Macías señaló que las diferencias en los tiempos de ejecución responden, entre otros factores, a las reglas de operación y a los trámites de los recursos federales, estatales y municipales. Una explicación general que, sin embargo, no sustituye la información puntual de cada proyecto.
En Nuestra Voz Querétaro no afirmamos que exista desvío de recursos ni ponemos en duda el ejercicio del gasto sin pruebas. La exigencia es otra: que el municipio explique qué se aprobó, qué se modificó, quién autorizó los cambios, cuánto se contrató, cuánto se pagó y qué ocurrió con los recursos no ejercidos, cuando los haya.
La transparencia no debería obligar a la ciudadanía a convertirse en archivista para entender cómo se gasta su dinero. Si las cuentas están en orden, deben poder comprobarse con documentos claros, completos y verificables.
