
Querétaro suele presentarse como un estado seguro para vivir e invertir. Pero los datos obligan a revisar esa narrativa. La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ubicó a la entidad en segundo lugar nacional en prevalencia delictiva contra establecimientos durante 2025: 3 mil 875 negocios víctimas por cada 10 mil unidades económicas, solo detrás de Baja California. La cifra representa una variación de 11.9% frente a 2023, aunque el propio INEGI advierte que ese cambio no fue estadísticamente significativo. Aun con esa precisión, Querétaro está muy por encima de la tasa nacional, de 2 mil 593.
Y hay otro indicador que enciende las alertas. México Evalúa colocó a Querétaro en quinto lugar nacional por tasa de víctimas de extorsión registradas, con 15.85 por cada 100 mil habitantes entre enero y septiembre de 2026. El incremento frente al mismo periodo de 2025 fue de 77.5%. Son mediciones distintas: la encuesta del INEGI estima la victimización de negocios por cualquier delito durante 2025; México Evalúa analiza víctimas de extorsión registradas en los primeros nueve meses de 2026. No deben confundirse, pero juntas muestran dos dimensiones de un problema que afecta tanto a la actividad económica como a las personas.
La extorsión fue el delito más frecuente contra las empresas en el país, seguida del robo hormiga. Además, el INEGI estima que 91.8% de los delitos contra unidades económicas no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación. Es decir, la estadística oficial no alcanza a reflejar todo lo que ocurre. El gobernador ha reconocido la extorsión como un foco rojo y ha señalado que predominan las llamadas virtuales; a nivel nacional, el INEGI reportó que 91% de las extorsiones contra empresas se cometió por teléfono. Ese dato nacional no permite concluir que todas las extorsiones en Querétaro operen de la misma manera.
El problema, entonces, no se resuelve únicamente pidiendo a los negocios que denuncien o advirtiendo sobre llamadas fraudulentas. Hace falta saber qué está haciendo la autoridad para investigar, identificar a los responsables y proteger a las víctimas. ¿Cuántas carpetas por extorsión se han judicializado en Querétaro? ¿Cuántas han terminado en sentencia y cuántas víctimas han recibido reparación del daño?
Porque un estado no puede medir su seguridad solamente por la inversión que atrae o por la percepción que proyecta. También tiene que demostrar que puede proteger a quienes trabajan, emprenden y sostienen su economía.
