El diálogo ciudadano en Querétaro sobre movilidad urbana sostenible y seguridad vial entra a una fase clave. Organizaciones civiles lograron escalar la conversación y fijar fechas concretas: el 13 de abril sostendrán una reunión con la Secretaría de Gobierno y la de Participación Ciudadana para construir condiciones de diálogo, y el 16 de abril el tema será formalizado ante el Consejo Temático para llegar directamente a la oficina del Ejecutivo estatal. La exigencia sigue siendo la misma y es clara: que el gobernador esté presente.
No es un tema menor. En un estado donde el crecimiento urbano ha presionado la movilidad —con más de 1.3 millones de vehículos registrados y un sistema de transporte en constante ajuste—, las decisiones ya no pueden tomarse solo desde el escritorio. Las organizaciones están pidiendo algo básico en cualquier democracia funcional: interlocución directa con quien toma las decisiones.
El fondo del reclamo es político y técnico a la vez. La movilidad y la seguridad vial no son asuntos administrativos aislados; son políticas públicas transversales que impactan calidad de vida, economía y hasta salud pública. Delegar el diálogo, en este contexto, sería también diluir la responsabilidad.
La pregunta de fondo no es si habrá diálogo, sino qué tan genuino será. Porque abrir la puerta no significa escuchar, y escuchar no necesariamente implica cambiar. Ahí está el verdadero reto: pasar del protocolo al compromiso. Si este proceso se queda en simulación, será una oportunidad perdida. Si se convierte en un ejercicio real de gobernanza, puede marcar un antes y un después en cómo se construyen las decisiones públicas en Querétaro.
