Mientras unos se entretienen denunciando plagios legislativos, otros —los menos, pero con más claridad de propósito— están apostando por blindar lo que sí importa: los programas sociales. Y no como dádiva ni como bandera de campaña, sino como lo que deben ser: un derecho.
Diputados del PT, Movimiento Ciudadano y Morena presentaron una iniciativa que busca que los programas sociales queden establecidos en la Constitución como un derecho permanente, no como una ocurrencia sexenal o una moneda de cambio en tiempos electorales. De aprobarse, ninguna administración podría reducir el presupuesto destinado a estos programas, ni limitar su acceso a quienes porten una credencial del partido en turno. Es decir, más justicia y menos clientelismo.
Claudia Díaz, diputada del PT, fue clara: se trata de quitarle los colores partidistas a la ayuda social. Que los recursos lleguen a quien los necesita, sin importar simpatías políticas. Arturo Maximiliano García, de Morena, reveló que en este 2025 hay más de 717 millones de pesos destinados a estos programas. Que esa inversión se mantenga —y crezca— es un deber, no un favor.
La propuesta es disruptiva porque pone el foco donde debe estar: en las personas, en las familias vulnerables, en quienes han sostenido a Querétaro sin reflectores ni micrófonos. Esta iniciativa habla de voluntad real. Y esa, en política, es más escasa que el oro.
