Por Rosalba D’Elia | NVQ
En las primeras horas de este 3 de enero, Estados Unidos lanzó una operación militar de gran escala en territorio venezolano que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, según confirmó el presidente estadounidense Donald Trump. La acción, descrita por la Casa Blanca como necesaria para enfrentar lo que calificó de “narco-terrorismo”, marca uno de los episodios más dramáticos de intervención directa en América Latina en décadas, comparable —según analistas— a la invasión de Panamá en 1989.
La respuesta internacional fue inmediata y polarizada. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó con firmeza la intervención, recordando en sus redes la obligación de respetar la Carta de las Naciones Unidas que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado y abogando por soluciones pacíficas y diplomáticas. Brasil, por su parte, calificó los bombardeos y la captura como una “línea inaceptable” que amenaza con normalizar la violencia como herramienta de política exterior. Otros gobiernos aliados a Caracas, incluidos Rusia, Irán y Cuba, también condenaron la acción como una agresión que pone en riesgo la estabilidad regional, mientras que algunos gobiernos europeos y latinoamericanos enfatizaron la necesidad de respetar el derecho internacional.
En medio de este clima, Trump añadió una nota polémica al afirmar en entrevista que “algo habrá que hacer con México”, en referencia a la lucha contra los cárteles, sugiriendo implícitamente la posibilidad de acciones más agresivas si no se atiende la violencia transnacional. Su comentario, dirigido a la presidenta Sheinbaum, desató críticas en redes y entre sectores diplomáticos que afirmaron que, más allá de la retórica, la colaboración regional efectiva pasa por el diálogo y la cooperación entre Estados soberanos.
La detención de Maduro ha profundizado un debate global sobre soberanía, intervención y justicia. Mientras algunos sectores de la oposición venezolana celebraron la captura como un paso hacia la libertad y el cambio político, amplios sectores internacionales advierten sobre el peligro de reemplazar mecanismos multilaterales por acciones unilaterales que podrían sentar precedentes peligrosos. La postura de países como México, que han insistido en el diálogo y la no intervención, refleja un temor compartido por muchos gobiernos: que la normalización de la fuerza en la región pueda desestabilizar aún más un hemisferio que, en los últimos años, ha buscado consolidar su autonomía y cooperación pacífica.
La captura de un jefe de Estado por fuerzas extranjeras no solo reconfigura el tablero político de un país, sino que pone a prueba la arquitectura del derecho internacional y la convivencia entre naciones vecinas. Para México y otros países latinoamericanos, la crisis es un recordatorio de que la seguridad y el progreso duraderos dependen menos de la fuerza bruta que de la construcción de consensos, el fortalecimiento de instituciones y la búsqueda de soluciones que respeten la soberanía y la dignidad de los pueblos.
