El proyecto ferroviario México–Querétaro volvió al centro de la conversación pública, no por su avance técnico, sino por la presión social acumulada. Ante las inquietudes expresadas por habitantes de Querétaro, El Marqués, San Juan del Río y Pedro Escobedo, autoridades federales, estatales y municipales conformaron una mesa de atención social para dar seguimiento a los impactos de la obra. No es un gesto menor: es el reconocimiento implícito de que la obra necesita más diálogo que boletines.

El director general de Vinculación de la SICT, Néstor Núñez, junto con autoridades estatales y municipales, anunció que se instalarán mesas técnicas permanentes para atender acuerdos y conflictos derivados del proyecto. La coordinación semanal con representantes municipales busca despresurizar tensiones relacionadas con afectaciones territoriales, dudas sobre trazos, impactos urbanos y derechos de vía.

El tren México–Querétaro es una de las apuestas de infraestructura más relevantes del centro del país. Conecta dos polos económicos estratégicos y, en teoría, detonará movilidad, inversión y desarrollo regional. Pero la experiencia nacional demuestra que los megaproyectos sin consenso social generan costos políticos y desgaste institucional. La infraestructura no solo se construye con acero y concreto; también se sostiene con legitimidad.

La reflexión es clara: abrir una mesa social no es signo de debilidad, es una necesidad cuando la ciudadanía exige información y certeza. La pregunta de fondo no es si el tren se hará, sino bajo qué condiciones de transparencia, diálogo y responsabilidad territorial se consolidará. La obra avanza, pero la confianza pública aún está en construcción.