Querétaro vuelve a poner sobre la mesa un tema que divide posturas, pero que ya no puede seguir postergándose: el reconocimiento legal de la identidad de género. En comisiones, se aprobó el dictamen que permitiría a cualquier persona modificar sus documentos oficiales conforme a su identidad autopercibida mediante un trámite administrativo. No es un asunto menor. México ha asumido compromisos internacionales en materia de derechos humanos y la Suprema Corte ha establecido criterios claros: la identidad es un derecho, no una concesión del Estado.
Pero el avance no está exento de tensiones. Mientras una parte del Congreso defiende que esta reforma corrige una omisión histórica y combate la discriminación, otra advierte que el dictamen está incompleto. El señalamiento es puntual: falta claridad en protocolos, impactos en otros actos civiles y posibles vacíos jurídicos que podrían generar conflictos en ámbitos como salud, matrimonio o incluso procesos administrativos. El fondo del debate no es si se reconocen derechos, sino cómo se garantizan sin generar incertidumbre legal.
En México, entidades como Ciudad de México, Jalisco o Coahuila ya han implementado este tipo de procedimientos administrativos, con resultados que apuntan a una mayor inclusión, pero también con ajustes constantes para corregir vacíos normativos. Querétaro llega tarde a esta discusión, pero con la oportunidad de aprender de lo ya avanzado en otros estados. La pregunta es si lo hará con responsabilidad técnica o con prisas legislativas.
La reflexión es inevitable: los derechos no deberían negociarse, pero tampoco improvisarse. Reconocer la identidad de género es un paso hacia una sociedad más justa, sí. Pero hacerlo sin reglas claras puede convertir un avance en un nuevo foco de conflicto. El reto no es decidir si se aprueba, sino si se aprueba bien.
