Querétaro ¿llega tarde? a una discusión que lleva años tocando la puerta: el agua. Por primera vez se abre un Parlamento Abierto para construir la regulación hídrica del estado, empujado no por convicción política, sino por presión social y por un contexto que ya no admite evasivas.
Durante años, el Congreso evitó este mecanismo e incluso lo excluyó de la Ley de Participación Ciudadana. Hoy, obligado por estándares internacionales como el Acuerdo de Escazú y por la crisis creciente, abre la puerta. La pregunta no es por qué ahora, sino por qué hasta ahora.
Los datos no son cómodos. México enfrenta estrés hídrico severo en gran parte de su territorio y Querétaro se acerca a un punto crítico: sobreexplotación de acuíferos, crecimiento urbano acelerado y modelos de gestión que priorizan la provisión sobre la sostenibilidad. En 2022 se aprobó una ley en fast track, sin participación ciudadana, que consolidó un esquema de concesiones privadas y dejó fuera temas clave como la justicia hídrica, la protección ambiental y la adaptación al cambio climático. El resultado está a la vista: sequías más intensas, inundaciones más frecuentes y comunidades con acceso desigual al agua.
Ahora, la iniciativa ciudadana presentada en marzo de 2026 busca corregir el rumbo con 13 acuerdos que plantean algo de fondo: devolver la gestión al Estado y a las comunidades, proteger ecosistemas, fortalecer la participación y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento.
El Parlamento Abierto abre tres etapas —consulta, colaboración y socialización— para que cualquier persona participe. Pero aquí está el punto crítico: abrir el micrófono no significa cambiar la decisión.
La reflexión es inevitable: si este ejercicio no impacta el dictamen final, será otra simulación bien organizada. El agua no espera tiempos legislativos. La crisis tampoco. Y lo que está en juego no es una ley más, es el modelo de futuro: uno que reparte el agua con justicia… o uno que la administra como escasez permanente.
