Mientras Querétaro sigue creciendo a un ritmo acelerado, la discusión sobre el agua dejó de ser técnica y se convirtió en un tema político, social y hasta ético. En el parlamento abierto para la nueva Ley de Aguas del estado, colectivos ambientalistas, pueblos originarios, académicos y organizaciones civiles pusieron sobre la mesa una pregunta que durante años evitó discutirse a fondo: ¿quién puede pagar el agua y quién está quedando fuera del acceso digno a este derecho humano?
Durante la tercera mesa de análisis, enfocada en costos, tarifas y participación ciudadana, hubo algo particularmente revelador: las organizaciones ya no están hablando solamente de infraestructura o distribución. Están hablando de justicia hídrica. Propusieron subsidios escalonados para quienes menos tienen, tarifas progresivas para quienes más consumen y hasta garantizar 10 metros cúbicos gratuitos en zonas vulnerables. Es decir, empezar a tratar el agua como lo que constitucionalmente es: un derecho humano, no solamente un servicio sujeto a capacidad de pago.
También apareció una crítica de fondo al modelo actual de toma de decisiones. Los colectivos cuestionaron que la zona metropolitana siga concentrando la representación en los órganos ciudadanos, mientras comunidades indígenas y zonas históricamente afectadas apenas son escuchadas. Por eso insistieron en que el futuro Consejo Ciudadano del Agua no sea un adorno institucional ni un espacio capturado por intereses políticos, sino un mecanismo con capacidad real de vigilancia, fiscalización y exigencia. Traducido al lenguaje ciudadano: quieren que la gente deje de enterarse cuando el problema ya explotó y pueda participar antes de que se decidan tarifas, concesiones o inversiones.
Y quizá ahí está la discusión más importante. Porque el agua ya no puede analizarse únicamente desde la lógica del crecimiento urbano o la rentabilidad. Querétaro enfrenta estrés hídrico, sobreexplotación de acuíferos y expansión inmobiliaria acelerada. Según datos de CONAGUA, varias zonas del estado presentan niveles importantes de presión sobre el recurso. En ese contexto, seguir discutiendo el agua sin ciudadanía organizada es repetir el mismo modelo que durante años privilegió intereses económicos sobre sostenibilidad y acceso equitativo. La gran pregunta ya no es si habrá nueva ley. La pregunta es para quién va a servir.
