Querétaro discute una nueva Ley de Agua en medio de una crisis hídrica que ya dejó de ser advertencia para convertirse en realidad cotidiana. Mientras en el Congreso se abrieron a mesas de parlamento con académicos, activistas, comunidades rurales y especialistas, afuera crece la desconfianza ciudadana por un tema que toca directamente desarrollo urbano, acceso desigual y futuro ambiental.
Durante la cuarta mesa del Parlamento Abierto participaron investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Nacional Autónoma de México, colectivos y organizaciones sociales que pusieron sobre la mesa algo incómodo: Querétaro sigue creciendo mientras sus acuíferos se vacían cada vez más profundo. Se advirtió sobre la destrucción de ecosistemas que tardaron miles de años en formarse, la falta de estudios hidrogeológicos serios y la urgencia de proteger zonas de recarga antes de que el costo ambiental sea irreversible.
Pero el momento más político no estuvo en los datos técnicos, sino en el reclamo ciudadano. Se pidió detener la persecución contra personas que se manifiestan por falta de agua y reconocer a organizaciones que llevan años alertando sobre la privatización, la inequidad hídrica y la opacidad en torno al manejo del recurso. Porque cuando la gente protesta por agua, no está haciendo activismo romántico: está defendiendo condiciones mínimas de vida.
El diputado Eric Silva insistió en que este ejercicio busca escuchar a expertos y ciudadanía para construir una ley perfectible y garantizar el agua como derecho humano. El problema es que en México muchas leyes se redactan con lenguaje progresista… y terminan atrapadas entre intereses políticos, inmobiliarios y económicos. La gran pregunta es si Querétaro realmente está construyendo una nueva cultura hídrica o solo administrando una crisis que ya alcanzó a miles de familias.
