Durante décadas, la discusión sobre Santa Rosa Jáuregui ha girado alrededor de una pregunta: ¿debe volver a ser municipio? Ahora, el diputado de Morena, Ulises Gómez de la Rosa, plantea una tesis mucho más disruptiva: sostiene que jurídicamente nunca dejó de serlo. Si su investigación tiene sustento, el debate deja de ser político para convertirse en uno de los casos más delicados de la historia constitucional de Querétaro.
El legislador afirma haber revisado más de 150 documentos históricos, actas del Congreso, archivos oficiales, material de la Universidad Autónoma de Querétaro y cartografía de la época. Su conclusión es contundente: mientras la creación del municipio de Santa Rosa Jáuregui en 1931 sí siguió el procedimiento constitucional, su desaparición en 1932 nunca habría cumplido con los requisitos legales. Según la Constitución vigente en ese momento, modificar la división territorial exigía iniciativa formal, procedimiento legislativo, mayoría calificada y aprobación de los ayuntamientos. De acuerdo con la investigación presentada, ninguno de esos pasos quedó acreditado.
La dimensión del planteamiento va mucho más allá de un cambio administrativo. Si el Congreso aceptara esa interpretación, no estaría creando un nuevo municipio, sino reconociendo que durante casi un siglo existió una irregularidad jurídica que modificó la vida política, administrativa y presupuestal de miles de habitantes. Por eso la iniciativa también solicita que el Poder Legislativo y el Ejecutivo ofrezcan una disculpa pública a Santa Rosa Jáuregui por lo que el diputado califica como un “engaño legislativo” de más de 90 años.
Aquí aparece la verdadera discusión. No basta con una investigación histórica; ahora corresponde demostrar jurídicamente que esa interpretación resiste el análisis constitucional y el escrutinio de especialistas. Si los documentos efectivamente prueban que nunca existió una desaparición válida del municipio, Querétaro estaría frente a uno de los casos de reivindicación territorial más importantes de su historia moderna. Si no, quedará como una propuesta política de alto impacto. En cualquier escenario, el debate apenas comienza y obligará a revisar casi un siglo de historia legislativa.
