
En un movimiento que promete renovar el sistema judicial y, sobre todo, devolver el protagonismo a la ciudadanía, cerca de 40 organizaciones civiles han lanzado una convocatoria para participar en las candidaturas judiciales que se votarán el próximo 1 de junio. Este llamado se enmarca en una apuesta decidida por la transparencia y la progresividad en el ámbito de los derechos, poniendo especial énfasis en la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos. La idea es simple pero revolucionaria: crear un “semáforo” que clasifique a las candidaturas en función de su compromiso real con la justicia social. Según explica Waltter López, integrante de la confederación queretana Cívica, aquellos que no respondan al llamado quedarán en negro, mientras que el rojo, verde y dorado marcarán la ruta para quienes realmente quieran impulsar un cambio.
Este ejercicio no es solo una formalidad; es una respuesta a la frustración acumulada de una ciudadanía que exige ver resultados. Durante años, las sentencias han sido la herramienta que ha permitido avances significativos en materia de derechos, más allá de las leyes que muchas veces quedan en el papel. Así, la convocatoria se presenta como una plataforma para que jueces de distrito, magistrados de circuito y de tribunales regionales demuestren que la justicia se construye con diálogo y participación. Con 62 candidaturas en puerta y 20 ya comprometidas, la esperanza es que más voces se unan a este esfuerzo y que el Poder Judicial se convierta en un reflejo del compromiso de la sociedad con la equidad y el respeto.
Sin duda, se trata de un llamado urgente a la acción y a la reflexión: ¿por qué conformarnos con el status quo cuando podemos reinventar la forma en que se imparte justicia? Esta iniciativa, impulsada desde el activismo, nos invita a soñar con un sistema judicial verdaderamente inclusivo y transparente, que no sea un mero instrumento de poder, sino una verdadera herramienta de transformación social. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos listos para que las voces de la ciudadanía sean la base de la justicia? La respuesta está en la participación, en el compromiso de cada uno de nosotros por un futuro donde la ley sea un derecho para todos, sin exclusiones ni intereses particulares.