Querétaro se ha convertido en una pieza estratégica para la industria de los centros de datos: concentra alrededor del 72% de la capacidad instalada de estas infraestructuras en México, de acuerdo con información difundida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU). Pero mientras se promueve la llegada de inversiones tecnológicas, hay una pregunta que sigue sin respuesta completa: ¿cuánta agua, energía y territorio está comprometiendo el estado para sostener este crecimiento?
Integrantes de Vocer@s de la Madre Tierra informaron que han presentado 41 solicitudes de información a autoridades federales, estatales y municipales. Recibieron 32 respuestas, pero en su revisión preliminar solamente tres fueron consideradas completas. Es decir, nueve solicitudes siguen sin respuesta y, de las 32 contestadas, la mayoría no habría entregado toda la información requerida. El colectivo anunció que busca reformar el Código Ambiental estatal, promover una regulación específica sobre agua, energía e impacto territorial y recurrir al amparo por temas relacionados con el acceso a la información.
La respuesta oficial también debe ponerse sobre la mesa. La SEDESU ha anunciado que los centros de datos comenzarán a reportar su consumo de agua a partir de 2027 mediante una Cédula de Operación Anual. El secretario Marco Antonio Del Prete explicó que durante 2026 se realizaría una medición de prueba y que la asignación de los volúmenes de agua corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). También ha señalado que, cuando una instalación se ubica dentro de un parque industrial que ya cuenta con autorización ambiental, no necesariamente se le solicita una manifestación de impacto ambiental propia.
Y aquí está el fondo del asunto: si Querétaro concentra el 72% de la capacidad instalada nacional, ¿por qué la información pública sobre el consumo de recursos todavía está en construcción? No basta con afirmar que las instalaciones cumplen la regulación vigente. Hay que mostrar permisos, concesiones, volúmenes autorizados y realmente utilizados, descargas, consumo energético y evaluaciones ambientales. También hace falta revisar los impactos acumulados: no solamente cuánto consume una empresa por separado, sino qué ocurre cuando varias se instalan en una misma región.
El desarrollo tecnológico y la inversión pueden generar oportunidades, pero no deben avanzar a ciegas ni convertir la transparencia en una promesa para el próximo año. La exigencia de suspender preventivamente nuevas autorizaciones es una postura del colectivo; corresponde a las autoridades explicar con evidencia qué riesgos existen y qué medidas son necesarias. La discusión no debería reducirse a estar a favor o en contra de los centros de datos. Se trata de saber quién mide, quién supervisa y quién garantiza que el costo ambiental de esta industria no termine trasladándose a la población.
