En un acto de justicia largamente esperado, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que obliga a los prestadores de servicios turísticos a identificar a los acompañantes de menores de edad. La finalidad es clara y urgente: prevenir el turismo sexual infantil que, tristemente, posiciona a México como uno de los destinos más peligrosos del mundo para la infancia.
En tribuna, la diputada queretana Tania Palacios Kuri lo dijo con todas sus letras: “Mientras discutimos este dictamen, más de 17 mil niñas, niños y adolescentes están siendo explotados sexualmente en nuestro territorio”. Lo que debería ser una celebración cultural y turística, se ha convertido —para muchos menores— en una pesadilla disfrazada de vacaciones.
Las cifras son brutales y duelen: 600 mil depredadores sexuales viajan a México, según datos internacionales. La omisión de quienes hospedan sin cuestionar, de quienes ven sin actuar, ha cobrado la inocencia —y muchas veces la vida— de miles de infancias. La reforma, por fin, apunta al corazón del problema: la complicidad silenciosa.
Desde esta trinchera periodística, no podemos evitar recordar que las leyes no bastan si no se implementan. Si no hay castigo ejemplar, si no hay ojos vigilantes, si no hay comunidad despierta.
Celebramos la reforma, y exigimos vigilancia. Porque como mamá, como ciudadana, como mujer que cree en un México en paz, me niego a normalizar la barbarie.
Hoy se da un paso que nos acerca a lo que merecemos: un país donde nuestras niñas y niños puedan crecer sin miedo, sin ser vistos como mercancía. Un país que no tolere jamás que la industria del turismo oculte la industria del abuso.
