Organizaciones ambientales y colectivos ciudadanos presentaron un análisis crítico de 13 páginas sobre el borrador del Programa Estatal Hídrico difundido a finales de enero. La conclusión es directa: el documento no cumple con los requisitos técnicos para ser considerado un programa formal, al carecer de metas claras, responsables definidos, plazos y alineación presupuestal. Para los firmantes, se trata apenas de un primer bosquejo que debe rehacerse bajo reglas claras y con participación social amplia, en concordancia con el Acuerdo de Escazú.

El documento señala omisiones de fondo: no incorpora propuestas ciudadanas acumuladas en los últimos años, no transversaliza derechos de la naturaleza, perspectiva de género ni garantías intergeneracionales, y minimiza temas críticos como calidad del agua, fugas, contaminación, conflictos por distribución injusta y riesgos sanitarios. Aunque reconoce la crisis hídrica, mantiene —según el análisis— el mismo modelo centrado en aumentar el abasto sin enfrentar el acaparamiento ni poner límites al desarrollo agroindustrial e inmobiliario.

Los colectivos proponen reorientar el programa con el agua como eje de vida y equilibrio climático; establecer límites explícitos al crecimiento según la capacidad de cada cuenca; crear un Laboratorio Estatal Independiente del Agua; impulsar un Protocolo Estatal de Educación Hídrica; y fundar una Contraloría Ciudadana autónoma con acceso irrestricto a la información. El mensaje es claro: sin justicia hídrica, transparencia y corresponsabilidad real, cualquier plan será retórico.